En una jornada marcada por la revelación de 55 nuevas imputaciones en relación al escándalo de corrupción de Odebrecht, se destaca el nombre de Marcelo Odebrecht, expresidente y heredero de la multinacional brasileña. Por primera vez, la justicia colombiana formalmente acusará a Marcelo Odebrecht por su presunta participación como cerebro de la red de corrupción que pagó sobornos por más de 80.000 millones de pesos a funcionarios públicos y congresistas colombianos entre 2009 y 2015.
Gabriel Jaimes, fiscal delegado ante la Corte Suprema, afirmó que la Fiscalía presentará cargos contra directivos de la multinacional Odebrecht como presuntos determinadores y articuladores de la apropiación ilegal de recursos públicos. Marcelo Odebrecht, así como sus principales ejecutivos en Colombia, enfrentarán cargos por concierto para delinquir y lavado de activos.
La compañía Odebrecht había establecido el Departamento de Operaciones Estructuradas, cuyo propósito era obtener megacontratos, modificar términos favorables de contratos y pagar sobornos a través de empresas en paraísos fiscales. Las investigaciones demostraron que este esquema de corrupción también se replicó en Colombia, y se emplazó a directivos de la multinacional a comparecer ante la justicia colombiana.
Junto a Marcelo Odebrecht, otras figuras importantes, como Eder Paolo Ferracutti, Luiz Antonio Mameri, Eleuberto Martorelli, Luiz A. Bueno, Ricardo Paredes, Yezid A. Arocha, Amilton H. Senday, Luiz B. Filho, Marcio Marangonni, Manuel R. Cabral y Luiz C. Texeira, también serán imputados en las próximas semanas por concierto para delinquir y lavado de activos.
En el marco de las revelaciones de la Fiscalía, se detalló la investigación en torno a Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial, quien enfrenta imputaciones por recibir dinero de Odebrecht. Asimismo, se mencionó que a la campaña de Juan Manuel Santos habrían ingresado 3.540 millones de pesos provenientes de la multinacional.
La Fiscalía destapó nuevas pruebas contra 33 exfuncionarios y asesores de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) del gobierno de Santos, acusándolos de irregularidades en contratos relacionados con la Ruta del Sol II. El daño total en Colombia se estima en cerca de 514.000 millones de pesos, y el proceso de comparecencia de los involucrados en Brasil plantea desafíos debido a la política de no extradición de ciudadanos brasileños.
El fiscal Gabriel Jaimes atribuye los avances en los procesos tanto en Colombia como en Estados Unidos a la colaboración entre las justicias de ambos países.