En una mesa de trabajo realizada en el hotel Hacaritama de Ocaña, los campesinos, representantes de asociaciones, el Banco Agrario, la Policía Fiscal Aduanera, concejales, diputados, funcionarios públicos y el representante a la Cámara, Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, se unieron para abordar la crisis que enfrentan los cultivadores de cebolla en la provincia de Ocaña y la zona del Catatumbo.
La amenaza de un paro anunciado para el próximo lunes impulsó a los líderes a buscar soluciones. La Federación de Juntas de Acción Comunal, junto con Agrosavia, promueve la iniciativa de lograr la marca colectiva de la denominación de origen para conquistar nuevos mercados a nivel nacional e internacional y frenar así las consecuencias del contrabando proveniente de Perú.
Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, presidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo, abogó por la conciliación, señalando que un cese de actividades tendría un impacto negativo en el sector agropecuario. Hizo un llamado al Gobierno nacional de Gustavo Petro para intervenir con soluciones y construir políticas de paz que mitiguen el impacto del Tratado de Libre Comercio.
El representante a la Cámara, Ciro Rodríguez Pinzón, destacó la importancia de respaldar a los cultivadores y abogó por revisar los acuerdos que permiten el contrabando, afirmando que la cebolla no es solo un elemento de producción económica, sino una tradición cultural que debe preservarse.
La delegada de la viceministra de Agricultura y Asuntos Rurales, Jannia Teresa Gómez Mujica, comprometió la revisión de documentos, cifras y medidas para combatir el contrabando. Mauricio Yusti Blanco, gerente de la Federación de Productores del Catatumbo, solicitó una mesa permanente de evaluación y seguimiento a los compromisos, buscando mejorar los precios y el sistema productivo.
Danny Cañas Rangel, secretario de Agricultura departamental, hizo hincapié en la urgencia de estrategias para la comercialización y la activación de líneas de crédito claras y precisas en beneficio de los cultivadores, cuya situación afecta a alrededor de 7 mil familias y tiene repercusiones profundas en la economía local. La revisión de importaciones y la implementación de medidas contra el contrabando se presentan como pasos cruciales para aliviar la crisis que enfrenta este sector agrario.