El proceso de elección del personero en Hacarí se encuentra suspendido desde el pasado 3 de enero debido a un convenio que, según informes, resultó ser falso. Rober Romero Ramírez, rector de la Universidad Popular del Cesar, alertó en diciembre al Concejo sobre la invalidez del proceso, ya que la institución no había autorizado la celebración de convenios interadministrativos para este propósito.
A pesar de la advertencia del rector, el proceso continuó, y en una carta enviada el 2 de enero, Romero Ramírez reiteró las razones para no seguir adelante con el concurso. Señaló que la universidad no ha realizado ninguna acción para ejecutar el proceso y destacó la falta de reglamento, banco de preguntas y protocolo de confidencialidad.
El rector informó sobre la participación de personas externas a la universidad en las pruebas y actividades relacionadas con los convenios, lo que generó preocupación sobre la transparencia del proceso.
Según Romero Ramírez, el vicerrector administrativo, Orlando Gregorio Seoanes Lerma, envió propuestas para el acompañamiento de la elección de personeros a varios concejos del país, alegando un convenio con la Universidad Popular del Cesar. Sin embargo, el rector afirma que no se ha realizado ningún acto de ejecución del convenio y que no existen documentos que respalden la ejecución de los convenios para la selección de personeros municipales.
Ante esta situación, el rector propuso tres escenarios para garantizar la seguridad jurídica del proceso: revocar el acto administrativo que dio vida a la convocatoria, terminar de mutuo acuerdo el contrato o hacerlo de manera unilateral.
El presidente actual del Concejo de Hacarí, José Alexander Herrera Galván, confirmó la suspensión del proceso y mencionó que están recopilando información para revisar los escenarios jurídicos posibles. El proceso se encontraba en la etapa final, faltando la entrevista con los candidatos y la elección en plenaria.
Uno de los candidatos, Jhon Ascanio, ha interpuesto una acción de tutela exigiendo el respeto de sus derechos al trabajo, mérito, acceso a cargos públicos y garantías del debido proceso. Ascanio también ha presentado una queja en la Procuraduría ante la posible extralimitación de funciones por parte de dos miembros de la mesa directiva que decidieron suspender el concurso sin consultar a toda la plenaria del Concejo.