Con la temporada escolar en el horizonte, los padres de familia en Colombia expresan preocupación ante la Resolución 17821 de 2023, emitida por el Ministerio de Educación, que establece los parámetros para la fijación de tarifas de matrícula, pensiones y cobros periódicos en colegios privados para el año escolar 2024.
La normativa especifica criterios que los colegios deben seguir al establecer nuevas tarifas, como el régimen clasificatorio, el índice de precios al consumidor (IPC), y el índice de permanencia, entre otros. Sin embargo, esta medida ha generado inquietudes entre los padres, que temen aumentos considerables en los costos educativos.
Según la ley, los cobros obligatorios incluyen matrícula y pensión, mientras que los cobros periódicos abarcan transporte, alimentación y alojamiento, siendo estos últimos voluntarios. No obstante, el artículo 2.3.2.2.1.4 del Decreto 1075 de 2015 introduce ‘Otros cobros periódicos’, que deben ser aprobados por el Consejo Directivo del colegio y comunicados durante el proceso de matrícula.
El Ministerio de Educación enfatiza que ciertos cobros están prohibidos, como cuotas para asociaciones de familias, y establece sanciones para aquellos colegios que incumplan. Sin embargo, la incertidumbre persiste entre los padres, quienes exigen transparencia en los cobros y temen posibles abusos.
Ante este escenario, la pregunta clave es si las medidas gubernamentales lograrán equilibrar la ecuación entre las necesidades financieras de las instituciones educativas privadas y la preocupación legítima de los padres por costos educativos accesibles. La temporada escolar inicia con la incertidumbre de cómo se traducirán estas disposiciones en la realidad de las familias colombianas.