Ocho meses después de la trágica avalancha que afectó a la vereda El Tarrita en Ábrego, el Gobierno nacional ha iniciado un proceso de reasentamiento para las 132 familias damnificadas. Con un total de 410 personas afectadas, el Gobierno busca adquirir fincas para reubicar a los afectados, acompañando este proceso con proyectos productivos destinados a compensar las pérdidas sufridas.
La personera del municipio, Laura Jimena Quintero, lidera este proceso con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las víctimas de este desastre natural. La primera etapa se centró en la adecuación de albergues, suministro de alimentos, atención médica y esquemas de salud. Posteriormente, se brindó un tratamiento especial a las familias mediante cánones de arrendamiento proporcionados por la gobernación de Norte de Santander y el Gobierno colombiano.
La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres realizó una inspección ocular para verificar los predios propuestos para la compra, con estudios topográficos y técnicos para la adquisición de las fincas destinadas al reasentamiento. El Ministerio Público ha seguido de cerca este plan, proporcionando recomendaciones para atender las necesidades más apremiantes.
En paralelo, se aborda la problemática vial a cargo del Instituto Nacional de Vías y el Ministerio de Transportes, que realizaron obras de mitigación para habilitar el eje vial que conecta Norte de Santander con la Costa Caribe. La Agencia Nacional de Infraestructura y el servicio geológico colombiano llevarán a cabo estudios técnicos y análisis de la cuenca hidrográfica para determinar soluciones definitivas y evaluar riesgos de réplicas.
Se espera que en marzo se conozca el diagnóstico de la vulnerabilidad de la cordillera y los planes de contingencia para un nuevo trazado, brindando así una perspectiva de esperanza y reconstrucción a la comunidad afectada por esta tragedia natural.