La extensión por seis meses más de la tregua entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha generado expectativas en regiones como Norte de Santander, donde este grupo insurgente tiene presencia en al menos 26 municipios. Si bien el cese bilateral del fuego ha contribuido a la reducción de enfrentamientos, homicidios y ataques, persisten preocupaciones por delitos como la extorsión y el secuestro que afectan a las comunidades locales.

El director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, Miguel Tonino Bota, destacó que si bien los primeros seis meses de tregua permitieron una significativa reducción en los indicadores de violencia, otros delitos como la extorsión y el secuestro han ido en aumento. Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, la tasa de homicidios se redujo en los municipios donde se implementaron Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pero persisten desafíos en materia de seguridad ciudadana.

A pesar de la disminución de los enfrentamientos entre grupos armados no estatales reportada por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la región aún enfrenta desafíos en términos de seguridad. El presidente del Consejo Departamental de Paz de Norte de Santander, Enrique Pertuz, resaltó que si bien el cese bilateral ha permitido desescalar delitos como el homicidio, es necesario abordar la persistencia de delitos como la extorsión y el secuestro.

Por su parte, el alto consejero para la Paz y la Reconciliación en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, destacó los avances conseguidos con el cese bilateral del fuego, como la reducción de enfrentamientos y ataques a la Fuerza Pública. Sin embargo, resaltó la importancia de abordar de manera integral la situación humanitaria de las poblaciones afectadas por el conflicto armado.

La creación de un Mecanismo de Monitoreo Regional fue resaltada como una necesidad por diversos actores, para dar respuesta concreta a posibles violaciones del cese bilateral. Se espera que esta instancia permita abordar temas como la extorsión y el secuestro, que continúan afectando a la población civil en la región.

En conclusión, si bien la extensión de la tregua entre el Gobierno y el ELN genera expectativas positivas en Norte de Santander, persisten desafíos en materia de seguridad y protección de los derechos humanos que requieren una atención integral por parte de las autoridades.

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