La renuncia de Marelbys Meza al programa de protección de testigos ha sacudido el escenario judicial colombiano. Representada por el abogado Iván Cancino, Meza tomó esta decisión debido a la presunta persecución que ha sufrido por parte de funcionarios encargados de su resguardo.

Los problemas comenzaron cuando Meza denunció haber sido sometida a una prueba de polígrafo por miembros del equipo de protección del presidente Gustavo Petro, después de un robo en la vivienda de Laura Sarabia, para quien trabajaba como niñera. Posteriormente, su teléfono fue intervenido ilegalmente como parte de una investigación contra organizaciones criminales en Chocó, lo que llevó a la imputación de un uniformado de la Policía y un civil.

El abogado Cancino explicó que Meza fue incluida en el Programa de Protección de Testigos debido a la evaluación de su alto perfil de riesgo. Sin embargo, las medidas de seguridad implementadas limitaban severamente su libertad, incluso restringiendo su contacto con la familia. Esta situación llevó a Meza a renunciar al programa de protección simultáneamente con nuevas imputaciones en el caso.

La Fiscalía formuló cargos contra el subintendente Fredy Alexander Gómez Bustamante y el particular Rafael Ricardo Santos Fuentes por la interceptación del teléfono celular de Meza. Según la Fiscalía, ambos habrían actuado en complicidad, proporcionando declaraciones falsas para inducir a error a funcionarios judiciales en relación con las circunstancias que llevaron a la orden de intervención telefónica sobre los teléfonos de Meza y un amigo suyo.

El presidente Gustavo Petro se comprometió a brindar protección a Meza tras su renuncia al programa de protección de testigos. La Fiscalía argumenta que Gómez y Santos habrían manipulado la información para obtener la autorización para intervenir el teléfono de Meza y desviar la investigación contra miembros de la Policía Nacional por la interceptación ilegal del teléfono de Meza y otras personas.

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