La Cámara de Representantes de Colombia ha suscrito un controvertido convenio con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para la renovación de las camionetas blindadas asignadas a los congresistas, en un acuerdo que asciende a la cifra exorbitante de 84.876 millones de pesos.
El convenio, firmado para ejecutarse entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2024, tiene como objetivo principal actualizar la flota de vehículos destinados al transporte de los 188 parlamentarios que conforman dicha corporación, así como de algunos altos funcionarios, como los secretarios.
Actualmente, los representantes a la Cámara disponen de 364 camionetas con modelos que abarcan desde el 2017 hasta el 2023. Sin embargo, se busca renovar estas unidades por modelos más recientes, bajo el argumento de garantizar la seguridad de los legisladores.
Según lo estipulado en el convenio, cada legislador tendrá asignadas al menos dos camionetas, pudiendo aumentar este número hasta tres o cuatro dependiendo de su nivel de riesgo. En total, se estima que se necesitará la renovación y asignación de 401 camionetas en total.
El valor mensual de renta de cada vehículo blindado asciende a aproximadamente 18 millones de pesos, siendo las camionetas Toyota las más solicitadas por los parlamentarios. No obstante, se han ofrecido otras opciones como Mercedes Benz y Mitsubishi, las cuales han sido rechazadas en su mayoría debido a su costo de alquiler más elevado y al mantenimiento requerido.
A pesar de las críticas por el derroche de recursos en medio de la crisis económica que atraviesa el país, muchos parlamentarios están ansiosos por estrenar las lujosas camionetas blindadas, las cuales serán pagadas mensualmente a la UNP por parte de la Cámara de Representantes.
Esta decisión ha generado controversia en la opinión pública, cuestionando la prioridad dada a la renovación de vehículos de lujo en un momento donde la atención debería estar centrada en atender las necesidades más apremiantes de la población colombiana.