La Fiscalía ha iniciado una investigación penal sobre posibles irregularidades en el manejo de los recursos de la Unidad de Pago de Capitación (UPC) por parte de varias Empresas Promotoras de Salud (EPS). Esta investigación surge a raíz de los primeros hallazgos de la Contraloría General de la República, que señala la falta de claridad en el destino de más de nueve billones de pesos asignados a estas EPS. Según la Contraloría, estos recursos, destinados para mejorar la atención en salud, habrían sido desviados para pagar deudas, inversiones y otros fines no relacionados directamente con la salud.
En el marco de la investigación, fiscales especializados llevarán a cabo inspecciones técnicas a los informes de la Contraloría y a los registros financieros y técnicos de las EPS para rastrear el flujo de dinero y determinar cómo fueron utilizados estos recursos. Una vez completada esta fase inicial, la Fiscalía citará a declarar e interrogará a los funcionarios y representantes de las EPS involucradas.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ordenó personalmente esta investigación después de una reunión con el contralor general de la República y el defensor del Pueblo. Las tres entidades acordaron trabajar de manera coordinada para defender los recursos destinados a la salud de los ciudadanos colombianos.