La sanción surge a raíz de una queja presentada por Carlos Martín Porras Carvajal, el 26 de septiembre de 2019, donde se señalan posibles inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés en la suscripción de un contrato con la empresa Socimanor S.A.S. La denuncia resalta el parentesco entre el gerente del hospital y uno de los socios de la mencionada empresa.
La Procuraduría considera que Ramírez vulneró principios fundamentales de la función pública, al parecer omitiendo normativas vigentes y no garantizando transparencia en la contratación estatal. A pesar de la prórroga de la investigación disciplinaria, se formuló pliego de cargos contra él en septiembre de 2022.
Ante estas acusaciones, el exgerente del hospital expresó a los medios que la «clase política corrupta» del departamento no toleraba su actuación, afirmando haberse liberado de ellos hace tiempo.