La comunidad indígena Motilón Barí celebra una victoria histórica tras el fallo de la Corte Constitucional a su favor. El alto tribunal ordenó la suspensión de un proyecto de acueducto que se construiría en su territorio sin haber realizado la consulta previa requerida.
La iniciativa, aprobada en 2019 por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad Paz), tenía un costo de más de $3,7 mil millones y afectaría el territorio de la comunidad bridikayra, del pueblo Barí. Sin embargo, tras una acción de tutela interpuesta por los Motilón Barí, la Corte Constitucional determinó que se había vulnerado su derecho a la consulta previa, fundamental para garantizar su participación en decisiones que afectan su territorio y cultura.
Según el fallo, la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales amenazaba la integridad y supervivencia del pueblo Barí, al contaminar el agua de la quebrada Honduras y poner en riesgo su seguridad alimentaria y actividades comunitarias.
La magistrada Natalia Ángel Cabo, ponente del caso, ordenó a la Agencia para la Renovación del Territorio diseñar un protocolo de consulta que respete las necesidades y derechos de la comunidad indígena. Asimismo, se exigió un estudio interdisciplinario para verificar los impactos negativos del proyecto y reparar cualquier afectación a las comunidades.
Este fallo representa un importante precedente en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, reafirmando la importancia de la consulta previa en proyectos que puedan afectar sus territorios y modos de vida.