La iniciativa de Lorduy surge tras una solicitud de acción de protección presentada por Germán Córdoba, representante legal del partido Cambio Radical. Córdoba argumenta que se ha vulnerado o amenazado el derecho fundamental de la oposición, señalando que los representantes Betsy Pérez y Juan Felipe Corzo no pudieron presentar la ponencia de archivo del proyecto debido a que la Mesa Directiva solo otorgó un plazo de siete días.
La solicitud de Córdoba resalta la importancia de garantizar los derechos fundamentales de la oposición y el libre ejercicio de los derechos políticos. El documento de Lorduy decreta una medida cautelar para suspender el debate del Proyecto de ley, que establece el sistema de protección social integral para la vejez, hasta que la Corporación resuelva la acción de protección de fondo.
Betsy Pérez y Juan Felipe Corzo, de Cambio Radical y Centro Democrático respectivamente, también presentaron una acción de tutela con el mismo propósito, pero aún no hay decisión sobre esta. Pérez argumentó que históricamente a los ponentes se les conceden 15 días para revisar proyectos densos y de gran envergadura, como este de 95 artículos. Los ponentes del Senado, señala, tuvieron dos meses para su análisis.
La Procuraduría General de la Nación se pronunció en apoyo a la suspensión del debate, considerando que no se han dado las garantías necesarias a los partidos de oposición para presentar el informe de la ponencia negativa del proyecto de ley.
La Sala Plena del CNE deberá decidir sobre la medida cautelar que propone suspender el debate de la reforma pensional. Asimismo, el tribunal ha requerido a la Mesa Directiva de la Comisión Séptima de la Cámara que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, se pronuncie sobre los hechos expuestos y presente las pruebas pertinentes.
Este proceso y las decisiones que se tomen son cruciales para el futuro del proyecto de ley y la dinámica legislativa, especialmente en lo que respecta a los derechos y las garantías de los partidos de oposición en el Congreso.