La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia ha oficializado una solicitud a la Cancillería para que, a través de canales diplomáticos, se obtengan las sentencias y decisiones emitidas por la Comisión de Valores y el Departamento de Justicia de Estados Unidos con respecto al Grupo Aval y Corficolombiana en relación con el caso de la Ruta del Sol II.

La medida se produce después de que el Presidente de la República, Gustavo Petro, ordenara a la Cancillería el 15 de agosto que utilizara todos los medios de colaboración jurídica con el gobierno de Estados Unidos para conocer el alcance de estas determinaciones en relación con el estado colombiano. Las peticiones tienen lugar después de que las autoridades estadounidenses cerraran una investigación de cinco años sobre el Grupo Aval y Corficolombiana, quienes eran socios minoritarios de la firma brasileña Odebrecht en el mencionado proyecto de infraestructura.

Las autoridades estadounidenses concluyeron su investigación sin presentar cargos contra ningún directivo ni accionista de las empresas colombianas. En cambio, se impusieron multas por un total de 60 millones de dólares debido a la ley estadounidense que impone responsabilidades a las empresas por las acciones de sus empleados. En este caso, la multa se debe a las actuaciones de José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana, quien fue condenado por la justicia colombiana. Melo está cumpliendo una pena de 11 años de prisión por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, relacionados con sobornos para la adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol II.

Esta semana, después de anunciar 55 nuevas imputaciones en el caso de sobornos de Odebrecht, incluyendo por primera vez a la cúpula de la empresa brasileña, la Fiscalía colombiana subrayó que las decisiones de las autoridades estadounidenses resultaron de la colaboración entre los dos países.

El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, explicó que en Estados Unidos es posible presentar «imputaciones empresariales contra personas jurídicas», a diferencia de Colombia donde solo se pueden presentar imputaciones individuales. Jaimes señaló que la colaboración entre las autoridades y las pruebas obtenidas llevaron a la investigación, judicialización y condena de José Elías Melo, quien es la única persona a la que se le atribuye responsabilidad penal en Colombia en este caso.