Luego de que el presidente Gustavo Petro anunció la suspensión de 10 licitaciones para contratar la salud de 820.000 afiliados al sistema de salud de los profesores, la Contraloría General de la República le envió oficios al Ministerio de Educación y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) para que expliquen la situación. Es de recordar que las diez licitaciones para adjudicar los nuevos operadores de la salud de los maestros suman más de 13 billones de pesos, y los contratos eran por cuatro años. Por el momento, el Gobierno extendió por seis meses los contratos de los operadores actuales, para que no se interrumpa el servicio.
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En medio de la situación, el vicecontralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, pidió al vicepresidente de Fomag y a la ministra de Educación Aurora Vergara para que señalen las razones que dieron lugar a la cancelación de la licitación de servicios de salud del magisterio.
Zuluaga les pidió, en primer lugar, “indicar las razones por las cuales se suspendió el proceso de licitación para la prestación de servicios de salud a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
Así mismo, les pidió responder cuáles son los “hechos constitutivos y actores vinculados a la presunta red de corrupción denunciada por parte del Gobierno Nacional y que motivaron la suspensión de la mencionada licitación”.
De acuerdo con los oficios enviados por el contralor (e), el Ministerio de Educación y el Fomag tienen cinco días hábiles para enviar sus respuestas.
Si bien la decisión el Gobierno de suspender las licitaciones de salud de los maestros se conoció esta semana, es de recordar que durante el primer semestre de 2023 la Controlaría había advertido, en una auditoría financiera al Fomag, sobre un hallazgo fiscal por la inoportunidad en la cancelación de facturas de servicios médicos a los profesores en la zona norte del país. Esta situación había generado el pago de intereses moratorios por $116.104 millones con lo cual se habría afectado el patrimonio público. En su momento el órgano de control dijo que con esta auditoría, que se hizo sobre la vigencia 2022 del Fomag, se atendió el llamado de varias entidades para verificar fallos en pagos de sanciones moratorias y en el reconocimiento extemporáneo de prestaciones sociales al profesorado del magisterio.
