Durante su declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Zuelma Jattin no solo abordó sus vínculos con grupos paramilitares en Córdoba, sino que también mencionó supuestas alianzas entre figuras políticas, alcaldes y gobernadores con agentes paraestatales. Uno de los nombres que mencionó fue el del expresidente Álvaro Uribe, quien habría recibido una denuncia suya en 2002 sobre la prohibición de candidaturas por parte de actores ilegales.
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En respuesta a estas afirmaciones, el exmandatario Uribe respondió a través de su cuenta de Twitter, indicando que si Jattin afirmó 20 años después que su denuncia era una «amenaza velada» y no tenía pruebas en ese momento, lo denunciará ante la justicia.
Jattin señaló que, al denunciar la interferencia paramilitar en las elecciones territoriales ante Uribe en 2002, recibió como respuesta que si no tenía pruebas diferentes a su testimonio y al de su hermano, no se iniciarían investigaciones. Según Jattin, esto habría sido una sugerencia respetuosa, pero Uribe niega haber hecho algún tipo de amenaza.
En su declaración, Jattin también mencionó que Uribe pudo haber querido mantener el apoyo político y el andamiaje en Córdoba durante su campaña presidencial de 2002, lo que habría influido en su respuesta. La compareciente también habló de la solicitud de Mancuso Gómez para entregar secretarías si ganaba un candidato, implicando un pacto tácito.
La Sala de Definición de la JEP admitió a Jattin en la jurisdicción con libertad transitoria condicionada y anticipada, destacando la importancia de que sus aportes vayan más allá de los hechos por los que fue procesada en la justicia ordinaria. Además, señalaron que sus declaraciones permitirán impulsar otros casos y llamar a más personas a declarar ante el tribunal, así como remitir copias a las autoridades pertinentes.
