Una polémica ha estallado en Santander debido al uso de un helicóptero de la Policía Nacional para transportar a varios funcionarios del Gobierno Nacional a la posesión de la alcaldesa de Chipatá, Jenny Mora. La revelación se originó a partir de una fotografía filtrada en redes sociales, mostrando a la consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, abordando la aeronave.
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El desplazamiento desde Puente Nacional hasta Chipatá, al sur de Santander, contó con la presencia de altos cargos como Sandra Ortiz, la directora de Empleo y Trabajo del Sena, Luz Danna Leal (esposa del director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González), Giovanni Leal (hermano de la funcionaria del Sena) y el congresista Juan Manuel Cortés, todos pertenecientes al partido Verde.
Estos funcionarios y dirigentes se dirigían a un encuentro de alcaldes de la provincia de Vélez, realizado en Puente Nacional. Sin embargo, la controversia surge al trasladarse posteriormente a la posesión de la alcaldesa de Chipatá, generando preguntas sobre la justificación del uso de recursos públicos para eventos de índole político-partidista.
Las reacciones no se han hecho esperar. Julio Acelas, director del Observatorio Ciudadano, expresó su descontento, calificando estas prácticas como actos proselitistas que van en contra de la ética pública. Acelas lamentó el aprovechamiento de recursos públicos para eventos que parecen responder a intereses partidistas más que a razones institucionales.
Las declaraciones de Sandra Ortiz en sus redes sociales, resaltando la productividad del encuentro de alcaldes y la facilitación desde su consejería para la articulación entre el gobierno Nacional y los territoriales, no han aplacado las críticas. Intentos de contacto con los funcionarios involucrados para obtener comentarios no han tenido éxito hasta el momento.
Este incidente ha encendido el debate sobre la transparencia en el uso de recursos públicos y la necesidad de separar las agendas políticas de las funciones institucionales, planteando interrogantes sobre la idoneidad de emplear activos estatales para actos de índole partidista.
