La próxima semana en Colombia se llevarán a cabo movilizaciones respaldadas por el presidente Gustavo Petro para apoyar las reformas sociales que actualmente avanzan de manera lenta en el Congreso. Estas manifestaciones están programadas para el 27 de septiembre y han recibido el respaldo de Fecode, el sindicato de maestros del país.

El presidente Petro ha utilizado su presencia en redes sociales y otros medios para instar a los ciudadanos a unirse a las marchas. Ha mencionado que estas movilizaciones buscan promover reformas como la de la salud, laboral, educación y pensiones, que aún no han avanzado de manera significativa en el Congreso.

Por su parte, desde la cuenta oficial de la Presidencia también se están haciendo llamados para convocar a la gente a unirse a las movilizaciones. Estos mensajes se dan en un contexto en el que las reformas propuestas por el Gobierno enfrentan dificultades en el Congreso.

La reforma de salud se encuentra estancada debido a la falta de avances en la subcomisión encargada de generar un texto concertado. Las reformas laboral y de educación apenas han sido radicadas y no se han designado ponentes para ninguna de ellas. La reforma pensional está pendiente de su segundo debate en la plenaria del Senado.

Estos llamados a la movilización se producen en medio de un panorama complicado para las reformas propuestas por el Gobierno, que no cuentan con un amplio respaldo en el Congreso. La intención del Ejecutivo parece ser presionar a los senadores y representantes al mostrar el apoyo de la ciudadanía a estas reformas.

Sin embargo, estas convocatorias también han generado críticas, ya que algunas personas las interpretan como una forma de presionar a los legisladores y como un intento del Gobierno de mostrar su influencia en el descontento social. El politólogo Gonzalo Araújo señala que el Gobierno busca demostrar que tiene el favor de la gente, aunque no cuente con mayorías en el Congreso.

Este llamado a las movilizaciones refleja la tensión política en Colombia y el desafío que enfrenta el Gobierno para avanzar en sus reformas sociales en un contexto de protestas y movilizaciones en el país.