Las declaraciones del general Henry Torres Escalante, quien reconoció su responsabilidad en casos de falsos positivos, han tenido un fuerte impacto en la arena política de Colombia. El expresidente Álvaro Uribe, en respuesta al pronunciamiento de Escalante, afirmó que durante su gobierno se atendieron todas las quejas sobre violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, las declaraciones de Escalante también llamaron la atención de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga casos relacionados con el conflicto armado en Colombia. El presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, invitó al exmandatario Uribe a conocer el avance de las investigaciones y aportar a la búsqueda de la verdad. Uribe, en respuesta, rechazó la invitación y expresó que no reconoce a la JEP.

El exmandatario anunció que enviará su declaración ante la Comisión de la Verdad, presidida por el padre Francisco de Roux, como un gesto de respeto hacia él. Sin embargo, Uribe discrepó con el informe final de la Comisión de la Verdad. Además, reiteró su rechazo a la JEP, a la que calificó como una entidad impuesta por las FARC, Cuba y Venezuela, y que fue rechazada en el plebiscito.

En una serie de publicaciones en sus redes sociales, Álvaro Uribe presentó datos que, según él, respaldan su afirmación de que durante su gobierno se redujeron los casos de falsos positivos y se lograron avances en la lucha contra el narcotráfico, el secuestro, los homicidios. y los desplazamientos. También cuestionó el papel de la JEP al afirmar que antes los militares que delinquían iban a la cárcel, pero ahora quedan libres por orden de ese tribunal.

El reconocimiento de responsabilidad en casos de falsos positivos por parte del general Torres Escalante ha avivado el debate sobre la justicia transicional y los derechos humanos en Colombia, y las reacciones políticas continuarán siendo parte central de esta discusión.