En medio de la plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia, donde se está debatiendo la polémica reforma de salud propuesta por el presidente Gustavo Petro, ha surgido una creciente preocupación: la ausencia de un concepto de viabilidad fiscal por parte del Ministerio de Hacienda. Esto plantea interrogantes sobre el costo de esta iniciativa y su impacto en las finanzas del país.
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La representante de la Alianza Verde, Martha Alfonso, quien es una de las ponentes del proyecto de reforma, reconoció durante el segundo debate que «la reforma no tiene un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda porque no creemos que lo requiera». A pesar de esto, más tarde aclaró en sus redes sociales que sí existen estudios financieros, pero el hecho es que no se ha presentado un informe oficial de viabilidad fiscal tras las modificaciones realizadas al proyecto durante su primer debate en la Comisión VII de la Cámara de Representantes.
Este vacío en cuanto a la viabilidad fiscal podría constituir un vicio de procedimiento, ya que contraviene el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, que establece que cualquier proyecto de ley que implique gastos o beneficios tributarios debe contar con un análisis explícito de su impacto fiscal, y este análisis debe ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Este posible incumplimiento de la normativa legal ha generado preocupación entre varios congresistas, quienes temen que, en caso de aprobarse la ley, esta pueda ser revisada y declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, como sucedió con la Ley 2075 de 2021, que fue declarada inexequible por falta de viabilidad fiscal.
Además de la preocupación por la falta de viabilidad fiscal, se plantea otro posible vicio de procedimiento en el proceso de tramitación de la reforma. Desde su radicación en febrero de 2023, se ha cuestionado si esta reforma, al tocar un derecho fundamental como la salud, debería ser tramitada como una ley estatutaria en lugar de una ley ordinaria. La Constitución Política de Colombia establece que los derechos fundamentales y deberes de las personas deben ser regulados a través de leyes estatutarias, y no ordinarias.
Este debate sobre la viabilidad fiscal y los posibles vicios de procedimiento en la tramitación de la reforma de salud ha generado un ambiente de incertidumbre en el Congreso colombiano y entre la opinión pública. La reforma busca modificar aspectos fundamentales del sistema de salud del país, por lo que estos cuestionamientos son de gran relevancia y podrían influir en el destino de la iniciativa.
La falta de claridad sobre la viabilidad fiscal y la cuestión de si la reforma debería ser de carácter estatutario o ordinario son asuntos que deberán resolverse en el proceso de discusión y votación de la reforma de salud en Colombia.
