La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, basada en un sistema de pilares y recomendada por el Banco Mundial, está a un paso de ser aprobada. Después de pasar el tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, solo le queda un debate en la Plenaria y algunos trámites mínimos para convertirse en ley.
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Este proyecto, que entraría en vigencia en julio de 2025, introduce cambios significativos. Entre ellos, permitiría que las empresas, tanto públicas como privadas, soliciten la pensión de jubilación de sus trabajadores sin necesidad de consultarlos previamente. Esto implica que, una vez otorgada la pensión, el contrato laboral podría ser terminado con justa causa, sin necesidad de indemnización.
¿Qué implica la reforma?
Según Marcelo Duque Ospina, director ejecutivo de «Cómo Me Pensiono», el artículo 10 del proyecto otorga a los empleadores la facultad de solicitar la pensión integral de vejez de sus trabajadores, una vez cumplan con los requisitos establecidos (mujeres con 1,000 semanas de cotización y 57 años de edad; hombres con 1,300 semanas y 62 años de edad). Esta medida, que aplicará tanto al sector privado como al público, permitiría a los empleadores prescindir de los servicios de los empleados sin necesidad de consulta o indemnización, tras el reconocimiento de la pensión por el Sistema de Protección Integral para la Vejez.
Actualmente, según fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, las empresas deben concertar con los empleados la solicitud de pensión por vejez. Con la nueva reforma, este requisito desaparecería, dando mayor autonomía a los empleadores.
Impacto en la fuerza laboral
Esta reforma afectará a millones de colombianos, especialmente en un país con una población envejecida. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en Colombia hay alrededor de siete millones de personas mayores de 60 años, un grupo que crecerá significativamente en la próxima década.
Además de facilitar el retiro de trabajadores, la reforma busca beneficiar a los adultos mayores de 80 años que no alcanzaron a pensionarse, otorgándoles un bono mensual de $223,000.
